En los últimos meses, la Comisión Europea ha puesto a España en el punto de mira por su normativa sobre los despidos improcedentes. Según el organismo comunitario, la legislación actual no garantiza una compensación adecuada para los trabajadores afectados por un despido sin causa justificada.
La principal crítica se centra en que las indemnizaciones previstas por ley no son suficientemente disuasorias para las empresas, ni compensan en muchos casos el daño real que sufre el trabajador despedido.
¿Qué ha dicho exactamente la Comisión Europea?
Aunque no se trata de una sanción inmediata, la advertencia de Bruselas abre la puerta a posibles cambios en el marco laboral español. La Comisión considera que España podría estar incumpliendo los principios de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Convenio 158 de la OIT, que exigen que todo despido sin causa justa conlleve una compensación efectiva, proporcional y disuasoria.
Esto significa que, si el Gobierno no ajusta la normativa, España podría enfrentarse a una futura reforma laboral centrada en reforzar las garantías del trabajador frente al despido improcedente.
¿Qué implicaciones tiene para los trabajadores?
Para los trabajadores, esta situación puede representar una oportunidad de mejora en la protección laboral.
Si se impulsan cambios legislativos, las indemnizaciones por despido improcedente podrían incrementarse o adaptarse mejor a las circunstancias concretas de cada caso: la antigüedad, el daño moral o la situación económica derivada del cese.
Además, los abogados laboralistas ya podrían comenzar a invocar el principio europeo de “reparación adecuada” para reforzar sus demandas ante los tribunales.
¿Y qué significa para las empresas?
Un eventual cambio en la normativa del despido podría suponer mayores costes laborales y la necesidad de revisar políticas internas de contratación, sanción y despido.
Contar con asesoramiento jurídico preventivo será clave para evitar conflictos y garantizar que los procedimientos se ajustan a la ley y a los estándares europeos. La transparencia en los procesos y la documentación de las causas del despido serán elementos esenciales para reducir riesgos legales.
Un debate que va más allá del despido
Este debate llega en un momento clave, tras las reformas laborales de los últimos años que buscaron reducir la temporalidad y fomentar la estabilidad en el empleo. Sin embargo, la Comisión Europea considera que aún queda margen para equilibrar la flexibilidad empresarial con la protección efectiva del trabajador.
Desde la perspectiva de la Seguridad Social, una mayor estabilidad en el empleo se traduce también en cotizaciones más regulares, carreras laborales más completas y, en definitiva, un sistema de prestaciones más sólido y sostenible.
La postura del Tribunal Supremo
A este debate se suma una reciente y relevante decisión del Tribunal Supremo. En su sentencia 3387/2025, de 16 de julio, el Alto Tribunal ha establecido que la indemnización por despido improcedente prevista en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores no puede ser incrementada judicialmente con otras cuantías adicionales que atiendan a las circunstancias concretas de cada caso.
El Supremo considera que esta limitación no vulnera ni el artículo 10 del Convenio 158 de la OIT ni el artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, ya que ambas normas solo exigen que la compensación sea “adecuada”, pero dejan en manos del legislador nacional su concreción.
En otras palabras, el Tribunal mantiene que corresponde al legislador, y no a los jueces, modificar el sistema indemnizatorio vigente, confirmando así que la cuantía tasada sigue siendo la única aplicable, salvo que exista una vulneración de derechos fundamentales o una previsión distinta en convenio colectivo.
Esta sentencia llega precisamente en un momento en el que la Comisión Europea ha instado a España a revisar la suficiencia de las indemnizaciones por despido improcedente, lo que refuerza el interés del debate jurídico actual entre los estándares europeos y la legislación laboral española.
Conclusión
La advertencia europea es un recordatorio de que el Derecho del Trabajo está en constante evolución. Tanto los trabajadores como las empresas deben mantenerse informados y contar con un asesoramiento jurídico especializado.
En un contexto donde Europa impulsa mayores garantías frente al despido, estar bien asesorado puede marcar la diferencia entre un conflicto y una solución justa.
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